En los últimos años, el ransomware ha pasado de ser una simple amenaza para convertirse en uno de los mayores peligros para empresas, gobiernos y personas a nivel global. Durante 2024, su impacto ha sido tan significativo que no es exagerado decir que se trata de la amenaza del año. Este tipo de ataque cibernético no sólo genera pérdidas económicas multimillonarias, sino que también pone en riesgo la seguridad de datos críticos y compromete la confianza de las organizaciones en sus infraestructuras digitales.
El ransomware es un tipo de malware que, una vez que infecta un sistema, cifra los archivos importantes de la víctima y exige el pago de un rescate a cambio de la clave de desencriptación. A diferencia de otros ciberataques que buscan robar información, el ransomware bloquea el acceso a los datos hasta que la víctima cumple con las demandas de los atacantes. Lo más alarmante es que, incluso si se paga el rescate, no hay garantía de que los atacantes devolverán el acceso a los archivos. Según un informe reciente de Veeam, a pesar de pagar rescate, los afectados pierden en promedio un 43% de sus datos.
El ransomware generalmente se propaga a través de correos electrónicos de phishing, descargas maliciosas o vulnerabilidades en el software. Los atacantes aprovechan la ingeniería social para engañar a los usuarios y conseguir que hagan clic en enlaces maliciosos o descarguen archivos infectados.
Este año, el ransomware ha alcanzado niveles sin precedentes en términos de sofisticación y alcance. Según informes recientes, se estima que los ataques de ransomware han aumentado en más del 60% en comparación con 2023. Las víctimas incluyen desde grandes corporaciones hasta pequeños negocios, pasando por instituciones educativas y de salud, lo que demuestra que ningún sector es inmune.
Uno de los factores que ha impulsado el auge del ransomware es la evolución de las tácticas de extorsión. Los atacantes ya no solo cifran los datos; ahora, también roban información antes de encriptarla y amenazan con publicarla si no se paga el rescate. Esta doble extorsión ha puesto a las organizaciones en una situación aún más comprometida, ya que ahora no solo deben preocuparse por el acceso a sus datos, sino también por la posible divulgación de información sensible.